Incluye referencias bibliográficas p. 171-172.

Manual de Derecho Administrativo I es una herramienta jurídica que permite conocer las formas de organización administrativa que adopta el Estado mexicano, la relación existente entre gobernantes y gobernados, así como la estructura de la Administración Pública Federal y las atribuciones que poseen cada uno de los entes jurídicos que la componen y que permiten encauzar su transformación.\De esta manera, se da cuenta de las actividades del Estado y de las funciones que llevan a cabo sus tres poderes, como paso previo al estudio del Derecho Administrativo a partir de su conceptualización, las fuentes que lo originan y que permiten ubicar a la ley, a la norma jurídica, como sustento de todas las actividades que realiza la Administración Pública Federal, cuestión que se ve complementada con el análisis de las fuentes indirectas como los reglamentos, privados y públicos, las circulares, la costumbre y la jurisprudencia, destacando también las normas oficiales mexicanas que parece ser una fuente olvidada.\Asimismo, se hace una revisión de las atribuciones de las autoridades, las cuales deben ser cumplidas al amparo del principio de legalidad que les permita el ejercicio de las facultades discrecionales y la delegación de facultades. El desorden normativo impulsa a estudiar las leyes reglamentarias del artículo 90 constitucional, es decir la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las entidades Paraestatales, como sustento del ejercicio de las atribuciones de la Administración Pública Federal, pues se analizan la estructura y las atribuciones de cada Secretaría de Estado, los fideicomisos Públicos y las empresas de participación estatal, mayoritarias y minoritarias, así como los entes encargados de la seguridad social y los pertenecientes al sistema bancario, cuestiones que permitirán contar con un programa general tanto del Derecho Administrativo como de su ejercicio.\En la última parte se toca de las responsabilidades de los servidores públicos, a partir de las dos normas vigentes, esto es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que hace a las responsabilidades de tipo político, y la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto a las responsabilidades administrativas de los mismos.